Propuesta para un acuerdo por un Plan Estratégico Decenal de la Educación Argentina

Propuesta para un acuerdo por un Plan Estratégico Decenal de la Educación Argentina

Mariano Narodowski, Universidad Torcuato Di Tella

Documento elaborado para su discusión en el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación

1 de febrero de 2022

Descolapsar la educación argentina

La educación argentina atraviesa un momento crítico que, aunque no es en lo absoluto novedoso, alerta sobre la posibilidad cierta de naturalizarse y perpetuarse en el tiempo: los problemas serios de equidad, abandono escolar, financiamiento, segregación socio económica, calidad de los aprendizajes de los estudiantes, entre otros, conforman un diagnóstico generalizado en el mundo académico, los funcionarios políticos, los medios de comunicación y las familias. Por mi parte, en 2018 publiqué el libro El colapso de la Educación en el que marcaba las líneas de tensión más importante de este empantanamiento continuo.

Pero esto no es de siempre sino de la últimas décadas. Nuestra historia muestra que desde finales del siglo XIX y buena parte del siglo XX, el sistema educativo argentino había alcanzado rápidamente altos niveles de alfabetismo y acceso a la escuela primaria y secundaria, liderando los niveles de escolarización de la región e incluso superando los indicadores de los países de la Europa Mediterránea y los de Asia, con muy pocas excepciones. La formación docente fue ejemplo incluso para los países más desarrollados y la educación inicial pionera a nivel mundial. Pedagogos de todo el mundo viajaban a la Argentina a conocer el milagro de su educación pública. La Reforma Universitaria de 1918 no sólo implicó la modernización de la educación superior: su formato fue seguido como ejemplo por sistemas universitarios de diversas latitudes. La escuela técnica y la formación profesional alcanzaron niveles de excelencia. Durante décadas, la Argentina fue el escenario de progreso y movilidad social ascendente en parte gracias a la contribución de su educación pública y miles de inmigrantes elegían vivir en la Argentina por las oportunidades educacionales que brindaba: padres analfabetos con hijos y nietos universitarios o trabajadores altamente calificados.

Sin embargo, este rica herencia no debe convertirse en un reflejo nostálgico al cual recurrir frente a la frustración y al fracaso actuales. Al contrario, la historia educativa argentina es un tesoro que debemos recrear; una activo que todavía persiste, una guía que muestra lo que fuimos, pero también lo que somos capaces de construir.

De hecho, algunos indicadores educacionales son positivos. Por un lado, la demanda educativa de la población no para de crecer, lo que ya es una marca del pueblo argentino: el derecho a la educación consagrado desde la Constitución Nacional de 1853 es reafirmado todos los días por familias que buscan que sus hijos se eduquen más y mejor. Acostumbrados a este paisaje, lo hemos tornado natural cuando no lo es: muchos países de desarrollo equivalente al nuestro muestran problemas para que la población menos educada asista al sistema educativo formal. En la Argentina, al contrario, todos queremos educarnos, nadie quiere quedarse afuera del sistema educativo. No hay escuelas vacías sino, al contrario, déficits de cobertura para incluir a estudiantes que siempre van por más, a pesar de todas las dificultades.

Por otro lado, buena parte de esa herencia se verifica en el accionar de miles de docentes que cotidianamente llevan adelante su labor aun en malas condiciones edilicias y de alta vulnerabilidad social. Educadores que se comprometen con sus instituciones, que dedican su tiempo y su talento a formar a sus alumnos cada vez mejor. Por supuesto mucho hay para mejorar en su carrera profesional y en sus condiciones laborales para brindar una educación de calidad, pero debemos tener claro que sin este núcleo de profesionales con el que cuenta la Argentina sería imposible encarar cambios como los que precisamos.

Adicionalmente, todos los gobiernos nacionales y provinciales desde 1983 han hecho aportes que, aunque muchas veces insuficientes, han permitido avanzar en la dirección correcta. Un ejemplo interesante es la Ley de Financiamiento Educativo, un consenso prácticamente unánime en el Congreso en 2005, que determinó que se destine el 6% del Producto Bruto Interno como mínimo de recursos para el financiamiento educacional. Pero estos consensos no alcanzan sin una gestión adecuada, sin voluntad política y sin capacidad técnica: la meta se alcanzó solo en el año 2015 y el incremento real de los fondos destinados a educación no parece haber redundado en mejoras significativas. Es más, persiste la histórica insuficiencia de recursos con problemas de ineficiencia e inequidad en su asignación a los que se suman las conocidas asimetrías interprovinciales en el gasto educativo y que redundan en inequidades absolutamente intolerables como que el gasto por alumno en una provincia puede ser tres y hasta cuatro veces menor que en otra, sin otra explicación que el lugar de nacimiento de un niño, lo que termina fragmentando y segregando socio-económicamente al sistema educativo argentino, alejándonos del principio de igualdad y generando incentivos para una estructura social menos dinámica, con menor competencia y movilidad social.

Un problema central es la falta de proyecto, de horizonte: la Argentina no tiene una estrategia de desarrollo educacional de mediano y largo plazo. Las diferentes gestiones al frente del Ministerio de Educación de la Nación junto a los representantes ministeriales provinciales en el Consejo Federal de Educación han intentado consolidar iniciativas como el Plan Nacional de Educación de 2012, la Declaración de Purmamarca y el Plan Nacional Argentina Enseña y Aprende de 2016 o el Plan Maestr@ de 2017 que no tuvo continuidad. Pero estas intenciones no han calado en lo profundo del sistema educativo ni en la sociedad en su conjunto, no son monitoreados y evaluados periódica y públicamente y a veces son arena de cambios abruptos de política aun en una misma gestión gubernamental, como el último de los planes enumerados.

También se nota un creciente desinterés por la educación a favor de otras cuestiones de la vida pública argentina que siempre reclaman las respuestas urgentes que la educación no tiene. Y la falta de una necesaria continuidad en altos funcionarios políticos de la educación que a veces son reclamados para otros menesteres políticos, electorales y partidarios y así desviados de la gestión educacional.

Las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, las asociaciones empresariales, las religiones y los medios de comunicación también han hecho aportes significativos a la educación, cada uno desde su lugar, con su propio enfoque y con su propia capacidad.

En algunos casos se ha logrado suplir o al menos aminorar las deficiencias de las políticas públicas y en otros se ha contribuido a que escuelas, alumnos y estudiantes estén un poco mejor y puedan alcanzar mejores resultados, estrechando vínculos con gobiernos y legislaturas.

Durante las pandemia del Covid-19, surgieron desde lo más profundo de la sociedad grupos de familias que lograron poner en discusión la situación del cierre/apertura de escuelas y que intentan recrearse y continuar en la pos-pandemia.

Pero estos esfuerzos no alcanzan para cambiar el curso de los acontecimientos. En sociedades democráticas con sistemas educativos afortunadamente tan extendidos, es la política educativa la que tiene la obligación de producir el mejor gobierno de la educación y garantizar el derecho a la educación de calidad para todos los habitantes, sin distinciones. Todos estos emprendimientos sociales podrán seguir su curso en forma más o menos exitosa pero todo será insuficiente, y hasta contraproducente, si la Argentina no encara una estrategia de desarrollo educativo acorde a sus necesidades y sus posibilidades.

Un llamado al consenso antigrieta

Mucho se ha hablado acerca de que la educación debe ser “política de Estado”. Ya es tiempo de pasar de las palabras a los hechos. Este documento debe leerse como una propuesta de consensos para que esas políticas educativas de Estado se ponga en marcha en forma inmediata

Se propone un compromiso que incluya y a la vez sea independiente de los gobiernos más allá de las necesidades urgentes de otras dimensiones de la vida social, demandando la interacción y la coordinación entre todos. Y enfocado primordialmente a los niveles obligatorios de la educación común que es donde se encuentran los mayores problemas.

La educación es un tesoro que debe ser cuidado

Decía Sarmiento que “la educación no da prosélitos ni fama en nuestros países, por eso los demás politician (sic) no se ocupan de eso, porque no conduce a nada. Decretarán caminos, monumentos, palacios, estatuas, paseos públicos para captarse la voluntad de los pueblos; pero no escuelas”.

El siglo XXI requiere de caminos, paseos públicos… y escuelas. De infraestructura, logística, comunicaciones, salud pública, alta tecnología, redes… y escuelas. Porque sin educación inclusiva y de calidad la creación de trabajo y de riqueza quedará severamente limitada y las oportunidades de una vida digna basada en el esfuerzo y el trabajo serán restringidas a muy pocos.

El objetivo central es que el conjunto del sistema educativo argentino quede protegido tanto del conflicto político como de los avatares económico financieros por medio de un proyecto consensuado por todas las fuerzas políticas nacionales y todos los sectores sociales incluidos en un amplio acuerdo educacional.

Seriedad con consenso es lo que garantiza la continuidad de las políticas y la posibilidad de corregirlas para adaptarlas a los objetivos propuestos. Y es un pre-requisito acordar unas condiciones básicas de educabilidad: el piso mínimo que garantice la posibilidad de un proceso educativo de calidad. Condiciones que, en su mayoría, ya están contenidas en las leyes nacionales y provinciales vigentes y que la política deberá articular en una estrategia con un cronograma preciso de implementación escuela por escuela.

Acuerdo por un piso de equidad

Caracterización de las Condiciones Básicas de Educabilidad (CBEdu)

Las CBEdu constituyen un piso básico en los insumos necesarios para llevar adelante la educación escolar de calidad. Por supuesto, estos insumos no son suficientes y a veces ocurre que la entrega, la responsabilidad y hasta el heroísmo de educadores, educandos y comunidades educativas produce el milagro de la educación de calidad aun en las peores condiciones. Pero sabemos que es la planificación realista y adecuada de las condiciones de partida la que permite poner las bases del crecimiento sustentable.

Por eso, identificamos cinco CBEdu que resultan críticas y que la acción de preservación del sistema educativo debe encaminar su pronta puesta a punto. A pesar de que en algunas de ellas hubo avances relevantes en las últimas décadas, la tarea por hacer es enorme y debe ser continuada en forma inmediata y sostenida.

a) Cada edificio escolar debe confirmar el hábitat adecuado para el desarrollo normal de los aprendizajes.

b) Cada escuela deber garantizar el acceso a las viejas tecnologías: cuadernos, libros, bibliotecas, laboratorios, etc. y a las nuevas: computadoras, redes, robots, plataformas, etc.

c) Cada escuela debe contar con una jornada escolar extendida: para que los alumnos tengan más horas de clase y una contención institucional mayor, como marca la Ley Nacional de Educación.

d) Cada familia debe contar con cobertura de vacantes que garantice obligatoriedad escolar desde la sala de 4 años (y la universalidad del jardín maternal) con una ratio razonable en la relación docente alumno.

Herramientas políticas e institucionales para alcanzar las CBEdu

¿Cómo acordamos una mejor estructura de gobierno y financiamiento educacional?

Desde hace más de una década es el Consejo Federal de Educación –conformado por los Ministros de Educación de las Provincias y de la Nación y regulado por la Ley Nacional de Educación de 2006) quien, por medio de los Acuerdos de Ministros que consagran planes, programas o declaraciones, construyó los consensos de la educación. Si bien el Consejo Federal ha sido un factor clave para algunas políticas, su composición no ha alcanzado, al menos hasta ahora, el volumen político necesario para encarar programas estratégicos, especialmente a causa del lugar relativo de los ministros de educación en el entramado político nacional y provincial.

Uno de los puntos claves de una estrategia como la que proponemos requiere un cambio de enfoque en el financiamiento de la educación que permita superar las tres dificultades ya señaladas: la ausencia de recursos, la necesidad de maximizar los recursos existentes y las asimetrías interprovinciales producto del federalismo fiscal argentino.

Parece evidente que nacionalizar (o renacionalizar) el sistema educativo no solo es dificultoso en la medida que requeriría de una reforma constitucional sino porque creemos que de un buen equilibrio central/descentralizado puede obtenerse el mejor escenario entre equidad y eficiencia.

El problema es de larga data y se retrotrae al mismo devenir histórico del sistema educativo argentino con intentos de centralización (como la Ley Lainez de 1905) y de descentralización (como el operado entre 1978 y 1994). La ya mencionada Ley de Financiamiento Educativo de 2005 y la Ley de Educación Nacional de 2006 fueron intentos de resolver este problema, corregir las asimetrías financieras interprovinciales y especialmente incrementar los recursos para el sector educativo. Incluso se pretendió, aunque parcialmente, hacerlos más eficientes, ajustados a ciertas metas, pero la propia redacción de la ley pareció atentar contra esa muy buena intención como los artículos 130 y siguientes de la LEN

Se sugiere entonces procurar un nuevo enfoque sobre el financiamiento y sobre el federalismo fiscal educativo que tienda a resolver los problemas señalados, conservando el mínimo del 6% del PBI a la educación pero garantizando un piso de gasto por alumno.

Además de garantizar los recursos para las CBEdu, la Argentina debería proteger los recursos destinados a la educación y evitar que los mismos puedan ser derivados a otras finalidades a la vez que brindarle un efecto contra cíclico frente a las recurrentes crisis.

¿Cuánto cuesta una educación de calidad para todos? Claramente, no conocemos la respuesta. La primera tarea para avanzar en este nuevo esquema de financiamiento necesita ir respondiendo esta y otras preguntas en un escenario en el que las escuelas, los estudiantes y sus docentes ocupan el foco de la política educativa, abriendo el debate de lo que queremos, de cuán dispuestos estamos a lograrlo y cuáles son los plazos razonables para alcanzarlo.

Esto implica una puesta en valor de la educación de gestión estatal: el incremento del número de alumnos en escuelas privadas acaecido en las últimas décadas muestra la percepción, por parte de ingentes sectores sociales, de un deterioro de las escuelas estatales que no es aceptable. Recrear y fortalecer las escuelas estatales es un signo claro que apunta a la cohesión social, a la integración de los diferentes sectores en un espacio educacional común público y abierto y a la posibilidad cierta de que las futuras generaciones se formen en la convivencia con otros. Estamos convencidos de la necesidad de volver a la escuela pública y debemos trabajar fuertemente para eso.

¿Qué educación queremos?

La educación que queremos para la Argentina debe tener recursos suficientes, adecuados y bien asignados, con criterios de equidad. Con las escuelas y los alumnos en el centro de la política educativa. Junto a docentes reconocidos y jerarquizados. Con una fuerte apuesta por la calidad. Contribuyendo al desarrollo económico, el trabajo y a la formación ciudadana. Valorando el esfuerzo y la responsabilidad por los procesos y los resultados. Con un cronograma realista y confiable que señale los logros y las dificultades.

La educación que queremos para la Argentina debe tener recursos suficientes, adecuados y bien asignados, con criterios de equidad

Proteger y mejorar y el financiamiento para la educación.

Proponemos modificar la Ley de Financiamiento Educativo 26.075 para, además de conservar el mínimo del 6% del PBI a la educación, garantizar un piso de gasto mínimo por alumno para cada nivel educativo independientemente de la provincia en la que asista a la escuela. Piso que debería ser corregido hacia arriba en un continuo ajustado a las necesidades de grupos y sectores poblacionales igualando oportunidades para los que menos tienen. Esta modificación de la ley debe contemplar la creación de un mecanismo federal de asignación específica de los recursos a partir del esfuerzo recaudatorio nacional y provincial y en la mejor administración de los recursos (con chequeos cruzados de todos los aportantes). Un mecanismo a partir del cual las provincias pueden utilizar más recursos propios y/o acceder eventualmente a financiamiento federal y/o nacional. Mediante esta ley se deberán preservar los recursos financieros destinados a la educación y evitar que los mismos puedan ser derivados a otras finalidades a la vez que darle previsibilidad contra cíclica para garantizar que los recursos no se devalúen frente a una eventual crisis.

Con las escuelas y los alumnos como centro de la política educativa

Escuelas empoderadas, verdaderas unidades de decisión.

Es primordial que las escuelas tengan a disposición la mayor cantidad y calidad de recursos. Para que esto ocurra los ministerios provinciales y el ministerio nacional de educación podrán volcar en forma directa los recursos pedagógicos, humanos y financieros disponibles a cada institución para apoyar así a cada Proyecto de cada Escuela. Incluso otros ámbitos no ministeriales como el Instituto Nacional de Educación Técnica, el canal Encuentro, Educ.ar, las universidades y los Institutos de Formación Docente, deberán ponerse a disposición de cada uno los proyectos escolares para colaborar y acompañar con la tarea. Es urgente una reforma en la organización de los ministerios para que sean las escuelas las que estén en el centro de la política educativa, des-burocratizando los procedimientos administrativos a fin de facilitar la tarea pedagógica de alumnos y docentes. 180 días de clase, una meta de cada escuela: la ley 25.864 de garantía de 180 días de clase, sancionada en el Congreso Nacional en el año 2003, impuso un piso razonable de días de clase por año. Sin embargo, esto fue de difícil cumplimiento no solamente por huelgas docentes o por el ausentismo de docentes y alumnos sino por problemas edilicios, de falta de servicios, razones climáticas, dificultades de acceso y hasta por razones administrativas y de organización del mismo calendario escolar. Proponemos modificar la ley para que 180 días de clase sean una meta concreta a lograr por parte de cada alumno y de cada escuela: la unidad de medición del día de clase debe ser cada escuela, cada curso, cada grado y cada sala. Se trata un compromiso preciso de cada establecimiento, ayudado por la mejora en las condiciones de educabilidad.

Junto a docentes reconocidos y jerarquizados

Garantía de una buena carrera profesional y salario docente

Ambas deben generar buenas condiciones laborales, incentivos a la formación, la capacitación, la innovación y el compromiso social y un salario que no solo satisfaga las necesidades vitales de los educadores y sus familias, sino que a la vez constituya un estímulo para que más jóvenes se incorporen a la tarea docente: un símbolo del esfuerzo que la sociedad está poniendo en la educación de las nuevas generaciones. Para lograr este cometido, es posible comenzar con aplicar la legislación vigente, particularmente la Ley de Educación Nacional 26.206 de 2006 que en su artículo 69 declara que “La carrera docente admitirá al menos dos (2) opciones: (a) desempeño en el aula y (b) desempeño de la función directiva y de supervisión. La formación continua será una de las dimensiones básicas para el ascenso en la carrera profesional.”. Y que en su artículo 83 determina que los docentes con mayor experiencia y calificación se desempeñen en las escuelas que se encuentran en situación más desfavorable. Proponemos jerarquizar salarial e institucionalmente el rol del Director escolar, modificando la normativa para que el concurso de selección sea por escuela, como ha comenzado a realizarse en algunas provincias, presentando un proyecto de trabajo para el establecimiento para el que se postula y con una garantía de trabajo ininterrumpido de al menos cuatro años. Proponemos también la sanción de una Ley Nacional que implemente una Carrera de Docente Innovador: un recorrido paralelo a la carrera docente de carácter voluntario en el que docentes en forma individual, en equipos y/o por escuelas puedan acreditar formación, capacitación y resultados pedagógicos de alto nivel.

Formación y capacitación docente en servicio

Es indispensable acompañar a los docentes desde su formación y a lo largo de toda su carrera con financiamiento, incentivos y regulaciones que tiendan a sostener su difícil tarea y a conseguir los mejores resultados. Para eso, el necesario reordenamiento y re jerarquización de la oferta de formación docente en las diferentes modalidades de la educación superior debe partir de mecanismos explícitos, transparentes y públicos de reaseguramiento de la calidad en la formación. Es imperativo que el Instituto Nacional de Formación Docente tenga los instrumentos políticos para cumplir con lo establecido por la Ley 26.296 de Educación Nacional (arts. 76 y 78) y se dedique en forma urgente a la evaluación y acreditación de todas las instituciones formadoras, tanto terciarias como universitarias, estableciendo planes concretos, y precisos de mejora para cada programa formador.

Con una apuesta fuerte por la calidad

Conocimientos del siglo XVII y del siglo XXI.

Está claro que el cambio que debe encarar nuestro país para el siglo XXI no puede soslayar la adquisición de las denominadas “habilidades blandas” del siglo XXI, como el trabajo en equipo y la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Sin embargo, tan o más importantes son los “saberes duros” originados a partir del siglo XVI y XVII que hacen al método científico y la forma rigurosa de comprender la realidad: matemática, física, química, biología, lógica, filosofía y las ciencias sociales. Por supuesto no es mediante un “enciclopedismo” rudimentario que deben ser transmitidas sino a través del conocimiento profundo de los fundamentos epistémicos de cada disciplina, adaptados a cada edad, pero comenzando con la educación inicial. Si bien los Núcleos de Aprendizajes prioritarios están claros para cada disciplina, parece preciso desglosarlos para cada escuela, proponiendo a la comunidad educativa metas públicas, claras, alcanzables y evaluables, mejorando así el rendimiento de los Por otro lado, proponemos la elaboración y aprobación de Estándares Nacionales Básicos: criterios precisos y públicos que establecen niveles básicos de calidad de la educación a los que tienen derecho los niños y las niñas de cada grado, nivel y modalidad del sistema educativo y que sean los insumos para las pruebas Aprender. Por otro lado, entendemos que el sistema educativo debería estrechar lazos activos con el sistema científico y tecnológico mediante, por ejemplo, el apoyo y la evaluación de los contenidos de la enseñanza efectiva de la ciencia en las escuelas secundarias por parte de científicos locales del CONICET y/o de las Universidades, que puedan retroalimentar, en forma concreta, el trabajo cotidiano de los profesores de cada escuela.

Inglés desde primer grado para todos.

Las autoridades nacionales y provinciales deben cumplir con el artículo 87 de la Ley de Educación Nacional y proveer la enseñanza de al menos un idioma extranjero en forma obligatoria en todas las escuelas de nivel primario y secundario del país. Entendemos que por las características del proceso actual de globalización esa lengua debe ser el inglés, aunque otros idiomas también podrían ocupar un espacio importante. Algunas jurisdicciones han avanzado en este sentido pero es mucho lo que falta. En términos de calificación laboral: no son pocos los puestos laborales que quedan vacantes por ausencia de postulantes con conocimiento de inglés.

Contribuyendo al desarrollo económico al trabajo y a la formación ciudadana

Formar para el trabajo y para el ejercicio de la ciudadanía.

La idea tricotómica de formar para la universidad, para el trabajo o para la ciudadanía como esferas excluyentes obedece a un paradigma escolar que debe ser seriamente revisado. Incluso, la actual ley de educación nacional apuesta simultáneamente a los tres destinos como finalidades de la educación secundaria. En nuestra visión, todas son esferas que obligatoriamente debe ser complementarias: las necesidades específicas en la conformación del capital humano deben articular con el mandato de una sociedad democrática que elige la libertad y un orden constitucional precisa de ciudadanos lúcidos y conscientes, con capacidad de elegir. La escuela secundaria, sin duda, debe abordar seriamente todos estos desafíos a la luz de una renovación real de sus estructuras curriculares y sus dinámicas de relación entre alumnos, docentes y conocimiento. Algunas provincias han avanzado muy recientemente en el camino señalado. Pero la formación ciudadana y en base a la cultura del trabajo y el esfuerzo no son patrimonio exclusivo de la escuela secundaria: son centrales en todos los niveles del sistema educativo. Es indispensable que la mecánica establecida en Ley de Educación Técnico Profesional 26.058 se pueda ampliar a las prácticas laborales en todas las escuelas secundarias con certificación de horas y tipo de actividad. Proponemos también titulaciones intermedias en la formación terciaria técnica y universitaria que permitan certificar trayectos formativos que redundarán en una mejor inserción en el mercado de empleo y un aumento de la competitividad en lo relativo a la capacidad del trabajo argentino.

Innovación y tecnologías.

Si bien la tecnología educacional vigente a nivel mundial sigue siendo la escuela, al mismo tiempo que se mejoran todos sus procesos de escolarización la Argentina debería alentar el surgimiento y la consolidación de experiencias innovadoras, algunas que podrán ser prototipos para ser aplicados en otros ámbitos. Los cambios en la pedagogía, en el conocimiento de los procesos cognitivos, la cultura digital y la inteligencia artificial bien combinados con prácticas preexistentes pueden dar lugar a experiencias excelentes. Aunque es sabido que existen nuevos y eficaces formatos pedagógicos estandarizados, los dirigentes de empresas sabemos del valor de los procesos de innovación endógena; es decir, los que surgen orgánicamente para dar respuesta a problemas concretos, los que muchas veces son los más efectivos. Por esto es que resulta crucial auxiliar y estimular a los educadores para que transiten el desafío de lo innovador y lo hagan parte de la cultura de las escuelas. . En nuestro país muchos docentes producen innovaciones relevantes las que deben, en muchos casos, eludir las regulaciones burocráticas y los formatos organizados más rígidos: un modelo regulatorio más abierto debe no sólo tolerar sino impulsar las nuevas propuestas en materia educativa surgida de abajo hacia arriba. En un escenario innovador es central, también, la valorización de todo lo bueno que ya se hace: casos macropolíticos provinciales o de pequeñas experiencias institucionales que han logrado salir adelante superando los diferentes obstáculos que se presentaron. Se propone generar un espacio interinstitucional federal conformado por autoridades educacionales, universidades, organizaciones del sector privado y de la sociedad civil que permita identificar, apoyar y poner en valor público estos casos como forma de mostrar éxitos escalables. En este contexto, proponemos, para los grandes conglomerados urbanos, la creación de escuelas secundarias del más alto nivel que atiendan a población más pobre con excelente desempeño en sus respectivas escuelas primarias.

Formación permanente

Los cambios continuos en las tecnologías y el mundo del trabajo amerita la preocupación por la formación permanente a lo largo de toda la vida. Se trata de desarrollar la formación profesional pero también terciaria y universitaria ampliando los mecanismos de información pública sobre oportunidades educacionales, calificación profesional y tendencias centrales en el mercado de empleo. Sería auspicioso volver a debatir el Proyecto de Ley de Formación Laboral Continua (S1380/18) y la consiguiente creación de un Sistema Nacional de Formación Laboral Continua.

Valorando el esfuerzo y la responsabilidad por los procesos y los resultados

Metas claras, precisas y públicas

Es necesario retomar una cultura de la responsabilidad personal y colectiva por los procesos y los resultados.. donde cada actor tiene diferentes niveles de responsabilidad para lo que se necesitan mecanismos de organización que transparenten las metas y sus logros. Por eso, proponemos cambios en la normativa de cada jurisdicción para que cada escuela elabore su propio proyecto educacional al igual que cada docente respecto de sus alumnos. Proyectos que deberán ser públicos y evaluados al menos una vez al año para analizar logros y dificultades y avanzar en procesos de mejora. Al mismo tiempo, cada gestión ministerial debe reportar anualmente un plan de logros con indicadores mensurables en términos de inclusión, equidad y calidad educativa. En el nivel nacional, es indispensable cumplir con el artículo 99 de la Ley de Educación Nacional 26.206 por la que el Poder Ejecutivo Nacional debe elevar anualmente un informe al Congreso de la Nación dando cuenta de la información relevada y de los resultados de las evaluaciones educacionales realizadas y de las acciones desarrolladas y políticas a ejecutar para alcanzar los objetivos postulados.

Cultura de la evaluación: un aporte muy importante de la política educativa en las últimas décadas fue la implementación periódica desde 1993 de los llamados Operativos Nacionales de Evaluación (desde 2016 denominados “Pruebas Aprender”) las que, a pesar de las diferencias de énfasis y de periodicidad en estos 26 años, constituyen una importante herramienta de la política pública nacional, de las pocas que no ha sido discontinuada a lo largo de varias gestiones presidenciales y ministeriales., Este es un elemento central que merece mayor profundidad, especialmente en la difusión y explicación pública sobre su importancia y sus ventajas. Esta y otras informaciones son la base para enfocar la política de inclusión con calidad para que las escuelas con más dificultades reciban más recursos y acompañamiento. También resulta adecuado implementar o profundizar modalidades cualitativas de evaluación educativa como autoevaluaciones institucionales, evaluaciones de pares docentes, etc. Proponemos la implementación de un examen de final voluntario del secundario que les permita a las escuelas medias y a las universidades, a partir de su autonomía, reorganizar su oferta reconociendo el nivel de aprendizaje de los estudiantes.

Métricas para comprender procesos y resultados. El sistema educativo argentino adolece de una grave falta en la sistematización de sus datos estadísticos los que a la vez distan de ser precisos y elaborados en tiempo real, como lo permiten las tecnologías disponibles usadas, incluso, en muchos países de la región y en algunas provincias. Es central organizarlo de manera adecuada en el Ministerio de Educación Nacional articulando y mejorando el ya existente Relevamiento Estadístico Anual con las pruebas Aprender y que converja con el Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE) aprobado por Consejo Federal de Educación en la Resolución N° 215/14.

Todos estos elementos deben ser articulados en un plan estratégico decenal. Con objetivos públicos de corto, mediano y largo plazo establecidos en un consenso multipartidario y multisectorial. Las metas finales y parciales deberían estar sostenidas, en la medida de lo posible, por un sistema de información de calidad que permita comprender, cuando eso es plausible, el grado de avance en cada componente y los responsables de su consecución.

Urgencias

Si bien la anterior enumeración es la base para el consenso de una estrategia, hay dos áreas en las que resulta imperativo avocarse de inmediato, continuando o inaugurando acciones concretas que mejoren:

- Abandono en la escuela secundaria., Los datos disponibles muestran que estamos en una situación crítica de abandono por parte de adolescentes pobres, particularmente varones un fenómeno agravado por la desescolarización en pandemia Se impone crear en forma inmediata mecanismos de seguimiento e incentivos económicos y simbólicos que acompañen modificaciones en el formato escolar más adaptados a las realidades de estos jóvenes. Hasta la existencia de un sistema nominal, son las escuelas las que pueden identificar los casos de abandono por lo que se requieren recursos financieros y humanos en cada escuela para revertir la situación

- Lengua y Matemática: dentro del Proyecto de cada escuela, deben desarrollarse planes de mejora en lengua y matemática deben ser desarrollados para cada sala, grado o curso tratando de subsanar los déficits existentes mediante una acción minuciosa sobre cada alumno de modo tal que en el cuarto año de la escuela primaria todos y cada uno de los alumnos lean “de corrido” y comprendan textos simples Los ministerios de educación deben movilizar sus recursos a las escuelas para acompañar a los docentes y a los alumnos con recursos, capacitación y alternativas para el aprendizaje.

Nota: una versión previa de este documento fue presentada en forma resumida en el Coloquio de Idea 2019. Agradezco los innumerables comentarios y sugerencias